CIDH – Medida preventiva

Por: Adriana Cardona López

 

Dicen los que saben que la función contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determina si un País ha incurrido en alguna violación de los derechos; así lo indica su sistema.

 

Hoy vemos como funcionarios públicos utilizan esta herramienta internacional para reforzar sus pretensiones Políticas y como medida preventiva ambientan el escenario y plataforma para declararse víctimas y esta respetable Entidad toma sus medidas en extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a la persona; tres requisitos que deben comprobarse; prima facie para tomar esta medida.

 

Colombia está plagada de intereses Políticos que no le ayudan de nada a ser un País libre y digno; hablan de defender la democracia a su amaño para convertirla en su inclinación política de moda y la afloran desde la administración pública sin recato alguno y creen que tienen la razón.  

Desafían la institucionalidad desacreditándola sin tener en cuenta que nuestra Democracia es el sistema que elegimos, representada por nuestro actual mandatario; el Doctor Iván Duque Márquez; que fué electo popularmente por la mayoría de los colombianos; tal y como así lo infiere las pruebas; hecho notorio nacional e internacional que no amerita prueba alguna.

El alcalde de Medellín-Colombia  se empeña en interpretar las normas a su amaño, se le entregó un mandato por voto popular libre y justo y este se dedicó a desafiar y realizar prácticas políticas ostentando su cargo, desconoce la potestad de la Procuraduría  como lo es suspender a un funcionario;  cuando su conducta es reprochable y contraria a la normatividad;  estos asumen una rebeldía y arrogancia que lacera la sana gobernabilidad  y  así lo ejecutó el alcalde de Medellín; el ingeniero Daniel Quintero Calle;  hoy suspendido en su cargo y que pone en riesgo  con su actuar a todos los Colombianos que quieren vivir en  Paz y que existen elementos probatorios suficientes para suspenderlo y aún más analizando bajo la sana crítica y la lógica jurídica no se puede continuar acolitando sus pretensiones y falacias. Y así nos aproximamos a la verdad; ¿quién dijo que la alcaldía de Medellín y su mandatario eran una isla jurídica?

El que ha desafiado nuestro sistema Democrático es quien busca protección de las garantías de unos supuestos derechos vulnerados y que sí la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH);  analiza sus pretensiones;  podrá concluir que quien pone en riesgo a nuestro País y nuestra democracia  es él que hoy se pavonea con candidatos a la presidencia para las elecciones de Mayo 29 de 2022 y ejecuta  insinuaciones y proselitismo político debidamente registrados y que son pruebas notorias y que el aparato judicial no necesita desgastarse en obtener la prueba por que fueron ejecutadas, consumadas, actos notorios y que son prohibidos por nuestra normatividad; desafiando a la sociedad y a quienes depositaron el voto y su confianza en él.

Se empeña en desprestigiar sin recato alguno y sus falacias le alcanzan para acabar con la reputación de nosotros los colombianos que no queremos ser más señalados y tildados de beligerantes y que insiste en su modelo e inclinación política que no alcanza a ser el sentimiento general del pueblo.

A manera de reflexión: Será que un Alcalde elegido popularmente que hace parte del gobierno actual deba referirse así: “Gracias a Petro yo tengo dos de los mejores abogados usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Palabras textuales. Y nos intimida con estas expresiones creyendo que su candidato favorito tiene blindaje ante la CIDH.

Aquí lo que hay es una inclinación política y una ideología que quiere ser impuesta a como dé lugar sin respetar y acatar nuestra Carta política de Colombia y nuestras normas.

 

Es importante aclarar que quien amerita garantías jurisdiccionales somos los colombianos que estamos en contra de estas prácticas de hacer proselitismo mientras se ostenta un cargo público, actúan como ruedas sueltas, sin respeto y recato y que la situación jurídica hoy decidida por la Procuraduría se debe mantener en pro de la moralidad pública y el natural desempeño de los cargos públicos conforme el respeto a la normatividad vigente.

 

En este caso Colombia no tiene responsabilidad internacional de violación de los derechos consagrados en la convención americana o en otro tratado de derechos humanos aplicables al sistema interamericano. Es así como se debe desestimar la pretensión.