Por: Marta Cadavid – Fraud Fighter
El reconocimiento de los delitos económicos como uno de los mayores problemas sociales, políticos y financieros en el mundo ha sido el punto de partida del movimiento global contra los delincuentes y organizaciones criminales que a través de diferentes tipos de negocios o actos delictivos se apropian de la economía formal causando graves consecuencias y pérdidas. De ahí que se hace urgente avanzar en temas educativos acerca de tan espinoso tema, dado que la gran mayoría de personas no tiene pleno conocimiento de lo que representan los crímenes contra el patrimonio económico y los delitos subyacentes, y en muchas oportunidades personal administrativo y gerencial se involucran en actividades comerciales ilícitas con terribles resultados.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es sus diferentes convenciones ha reconocido como el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, terrorismo y financiación del terrorismo, delincuencia organizada transnacional y corrupción son actividades delincuenciales que afectan la economía global y por lo tanto requieren de toda nuestra atención. Así mismo ONU invita a la adopción de buenas prácticas políticas y económicas para luchar contra la delincuencia organizada desde el orden gubernativo hasta empresarial.
Sin quedarse atrás en la maratónica tarea de proteger el patrimonio económico, organizaciones como Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Unión Europea (UE), Organización de Estados Americanos (OEA), Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (GAFI), OCDE, entre otros se han pronunciado y unido para fomentar la implementación del sistema de administración del riesgo de delitos económicos y educar en todos los niveles gubernamentales y corporativos acerca de ética y transparencia.
Así las cosas, prevenir, detectar, reportar e investigar actividades criminales precedentes o fuentes del lavado de dinero como el uso indebido de información confidencial o privilegiada y manipulación del mercado, tráfico de seres humanos y tráfico ilícito de inmigrantes, explotación sexual, tráfico ilegal de armas, tráfico de mercancías y bienes robados, corrupción, extorsión y soborno, fraude, falsificación de dinero, piratería de productos, delitos ambientales y minería ilegal, secuestro, privación ilegítima de la libertad y toma de rehenes, contrabando y evasión y elusión fiscal son una obligación más que legal que cualquier ciudadano y en especial contadores, auditores y revisores fiscales debemos contemplar en el diario hacer tal como lo sostienen los diferentes reguladores en el país como lo son el Banco de la República, Superintendencias, Unidad de Información y Análisis Financiero entre otros; quienes sostienen que entre los sujetos obligados para reportar operaciones inusuales y sospechosas se encuentran el anterior grupo de profesionales.
Sin embargo, nuestra labor como profesionales va más allá del cumplimiento normativo global y nacional acerca de la lucha contra el blanqueo de capitales y los delitos fuentes. Como profesionales debemos adoptar una postura preventiva que nos permita anticiparnos a los potenciales hechos criminales que se de alguna forma se puedan cometer en la organización sin importar el tamaño, tipo de industria, zona geográfica o mercado. Contadores, auditores, revisores fiscales y asesores empresariales somos los primeros llamados a educarnos sobre los crímenes económicos y la importancia de la prevención y detección temprana. Igualmente, tenemos la obligación moral y ética de adoptar una actitud férrea frente a cualquier actividad criminal organizacional.
Igualmente, el riesgo reputacional no solo atañe a las corporaciones, más bien, recae sobre nuestros hombros y conciencia el tener un comportamiento ético y ejemplar donde quiera que estemos. La cultura ética se construye en cada instante, con cada decisión y actitud sobre nuestra importante labor. No dejarse tentar por el maquiavélico mundo criminal debe ser una política diaria. Nuestro papel activo en la economía colombiana se debe basar en altos niveles de ética y moral, para no darle entrada a algún agente que atente contra la ética, los valores y la moral, teniendo siempre la legalidad de las acciones como el pilar fundamental para el desarrollo de nuestro país.
Hoy los invito a reflexionar sobre nuestro role en la sociedad y la responsabilidad que llevamos en nuestra conciencia como profesionales para participar activamente en la lucha contra los delitos económicos que socaban las organizaciones y por ende la economía nacional. La ética, los valores y la moral no tienen precio y no se negocian.
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