Las fábricas de Icopor

Por: Adriana M. Cardona López.

 

Es un desafío abordar temas tan relevantes como lo son las fuentes de contaminación que afectan la salud y el ecosistema.

 

Los vapores que expelen las fábricas de Icopor (hollín) en el aire, terminan en el suelo teniendo efectos negativos en el medio ambiente, afectando la calidad del suelo y la biodiversidad, ya que los cambios en la estructura del suelo hacen que este pierda capacidad para tener agua y nutrientes; reduciendo su fertilidad y de igual forma afecta el crecimiento de las plantas, daño a las hojas y raíces; reduciendo la fotosíntesis; afectando su crecimiento y desarrollo.

 

Es importante resaltar que el polímero que contiene el Icopor a largo plazo pueden ser persistentes en el medio ambiente y pueden tener efectos negativos en la salud de las plantas y los animales cuando se expone a estos contaminantes y que de igual forma afectan la salud humana en especial a personas que viven cerca de áreas contaminadas donde se aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias, cáncer y otros problemas de salud.

 

En Colombia, la Ley 2232 de 2022 prohíbe la fabricación, comercialización y que a pesar de existir reglamentación en esta Materia aun los entes del Estado como son los alcaldes y gobernadores guardan silencio y el argumento en los estrados judiciales es que se genera empleo y que esta clase de fábricas han estado en el tiempo primero que la colectividad y que la evolución social y política aquí parece que no opera ¿tendrá lógica que en zonas residenciales existan Fábricas de Icopor?

 

La protección del bien jurídico que afecta la colectividad es apaciguada con un estudio técnico de medición de niveles de contaminación que supuestamente determinará si la actividad contaminante supera los límites admitidos por las normas ambientales.

 

Debemos avanzar y erradicar estas prácticas obsoletas y engañosas que solo reflejan tráfico de influencias, estamos en mora de adoptar mecanismos orientados a la protección del entorno ambiental. Y siendo respetuosos de la Carta Política de Colombia y retomando las palabras de la Corte Constitucional y donde se argumenta “que la defensa de un ambiente sano constituye un objetivo principal dentro de la actual estructura del Estado social de derecho”.

 

Debemos buscar una justicia material y una verdad real, no esa justicia jurídica que acomoda las leyes en pro de la mentira.

 

Lo ideal sería que el juez de conocimiento no derive una presunción a favor del agente contaminante y que el juez está en la obligación de encontrar el nexo de causalidad entre el daño y el evento lesivo; construyendo con honor y lealtad a su cargo unos indicios suficientes y razonados para construir esa certeza; fundamentados en el conocimiento científico y observación de campo que servirá para dejar un precedente de prevención y corrección del deterioro del medio ambiente.